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Informe: Violencia doméstica Los golpes del sistema |
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jueves, 26 de agosto de 2010 |
Informe: Violencia doméstica
Los golpes del sistema
En los meses transcurridos en este año, son 23 las mujeres muertas víctimas de la violencia doméstica. A las estadísticas también se suma el aumento de denuncias. Las cifras aumentan y las respuestas no aparecen. El Estado no actúa y las herramientas del sistema de atención y protección a las víctimas, no funcionan.
En lo que va del año, son alrededor de 23 las mujeres asesinadas por parte de sus cónyuges, ex parejas o personas de su entorno familiar según datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. La mayoría de ellas había denunciado ser víctimas de violencia doméstica, y sus casos estaban en la Justicia. En los primeros 4 meses del 2010, se registraron en el país unas 5.500 denuncias de violencia doméstica, lo que hace un promedio de 45 denuncias diarias. Los agresores, convertidos más tarde en homicidas, eran sujeto de medidas cautelares.
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué falla?
Las 34 ONG que trabajan y atienden la violencia doméstica, reunidas en la Red Uruguaya de Lucha Contra la Violencia Doméstica y Sexual, agotan sus recursos. Coordinadoras de dicha Red, efectúan reuniones con el Presidente José Mujica, el Ministro del Interior Eduardo Bonomi, el Ministro de Salud, Daniel Olesker y representantes del Poder Judicial, en búsqueda de una política de Estado para que el sistema oficial y social, deje de fallar. Para las líderes de los movimientos de mujeres y feministas de Uruguay es necesario y urgente que se encuentren soluciones para miles de mujeres víctimas no sólo de su agresor, sino también del propio sistema.
Desde el 2002 existe la Ley 17.514 o “Ley de Violencia Doméstica”, pero previo a ella existían proyectos sobre el tema por lo menos desde 1995. Esta misma Ley -capítulo VII, Artículo 24- creó el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, integrado por los Ministerios de Educación y Cultura, Interior y Salud Pública, además de INAU, Poder Judicial, ANEP, Congreso de Intendentes y ONG´s, encarnadas en la Red Uruguaya de Lucha Contra la Violencia Doméstica y Sexual. Este Consejo fue el encargado de elaborar un Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica que comenzó a funcionar en 2004 y culmina en este 2010.
Ley de Violencia Doméstica
La abogada Valeria Martínez, al comenzar un análisis de la Ley 17.514 o “Ley de Violencia Doméstica”, asegura que a partir de julio del año 2002 tuvo lugar un gran avance en lo jurisprudencial, de competencia y jurisdicción en Uruguay. Para la jurista, se trata de una ordenanza totalmente innovadora para el sistema jurídico uruguayo por varios motivos. Primeramente, porque además de incluir en sus disposiciones las formas más conocidas de violencia doméstica - violencia física, violencia psicológica o emocional y violencia sexual – agrega a la lista, la violencia patrimonial. En segundo lugar, la legislación, ya no sólo ampara las relaciones matrimoniales “como instituto jurídico” sino que incluye los noviazgos y concubinatos. Otro paso adelante, aparece en el Capítulo II, referente a Jurisdicción y Competencia; a partir de la concreción de la Ley, se crearon en Montevideo cuatro Juzgados especializados en Violencia Doméstica con competencia de urgencia, algo que también tienen los juzgados del interior con la diferencia de que funcionan por turnos, “siempre hay un juzgado de turno, y con esa competencia de urgencia, por eso, siempre habrá un juez de turno que tome declaración tanto el citado como al citante, con el posterior procedimiento”, indicó Martínez. Otro punto a resaltar, es que el agresor es inmediatamente desarraigado del hogar; con una simple denuncia se saca al hombre del hogar, “algo que siempre existió, pero acá es rápido, es tan sumario este sistema, que va a tener medidas cautelares de 30 días”. Mary Arias, Coordinadora de la Red Uruguay de Lucha Contra la Violencia Doméstica, al referirse a la Ley 17.514, afirma claramente no sólo que fue un adelanto, sino que se trata de un logro del movimiento feminista y de mujeres.
Del papel a la realidad
Puntos coincidentes, en cuanto a fallas, pueden encontrarse entre quienes aplican y ponen en marcha la ley, como la abogada Valeria Martínez y quienes le dieron impulso, en este caso Mary Arias.
*Denunciar o no denunciar. La denuncia de un hecho de violencia doméstica, no es garantía para no ser nuevamente objeto de agresiones. En este sentido la operadora jurídica se pregunta ¿cómo se domina eso, qué armas se tienen para impedirlo? Las estadísticas lo muestran. Las mujeres que fallecieron en lo que va del año eran denunciantes. Desde un punto de vista subjetivo, Martínez cree que los hombres no le tienen miedo a la policía, el juez o la ley. La Red Uruguaya no es partidaria de la denuncia permanente en síntesis porque el sistema “no es bueno, no es recomendable, y hay que usarlo sólo cuando se necesita”.
*Los juzgados del interior; un mundo aparte. Para Martínez la “gran falla de esta ley, son los juzgados del interior” porque la competencia de urgencia de los casos de violencia doméstica, deja atrás “el resto del trabajo del juzgado, incluso en materia de familia”. Arias por su parte, encuentra la falla en el hecho, de que además del juzgado, el juez también es multimateria.
*Personal especializado, recursos que se pierden. Al aprobarse y promulgarse la Ley, el siguiente paso fue preparar personal del Ministerio del Interior idóneo en materia de violencia doméstica, personal que Arias asegura que actualmente “se pierde en el mundo” dada la movilidad de los cargos. “Este es uno de los temas que hablamos con el Ministro del Interior, tratar de que la gente que está capacitada, que tiene el perfil, se quede, pero parece que es algo imposible”.
*Medidas cautelares. Según la gravedad de cada caso, se aplican las denominadas medidas cautelares previstas en la Ley de Violencia Doméstica. Generalmente -y este es el punto-al denunciado, no se permite estar cerca del hogar ni comunicarse con la denunciante. Al respecto Arias afirma que la Ley le da un amplio margen al juez para que tome otras medidas que sean necesarias “y nunca se usaron” si bien está respaldado en la jurisprudencia. Para Martínez, a través de las medidas cautelares “quedan muchas cosas en el medio, vacíos” porque la Ley está creada para casos extremos y no para casos en que las relaciones son diferentes.
*Pensiones alimenticias inexistentes. Un hecho en el cual ambas profesionales coinciden, es la no definición de pensión alimenticia provisoria prevista en la Ley. La coordinadora afirma que en el momento de establecer las medidas “nadie piensa que esa mujer va a tener que seguir viviendo, manteniendo a sus hijos sin una pensión alimenticia”. La jurista, asegura que en más de un caso ha solicitado fijar una obligación alimenticia “y los 4 turnos de juzgados de Montevideo lo niegan, porque aseguran que es competencia de los juzgados de familia”.
Hora de balances
Este año, culmina el Plan Nacional de Lucha Contra la Violencia Doméstica y es entonces el momento más propicio para realizar un balance de resultados. La Red de Uruguaya de Lucha Contra la Violencia Doméstica, fue un pilar fundamental en la redacción y elaboración de este Plan y como consecuencia, uno de sus mejores críticos. Parte por parte, Mary Arias proporcionó una valoración de los resultados.
El Ministerio del Interior implementó –y aún lo hace- la capacitación de personal para tratar casos de violencia doméstica y la inclusión del tema en la currícula de la Escuela Nacional de Policía. La realidad es que las capacitaciones se ven diezmadas por los cambios y rotación del personal. ANEP se involucró elaborando una guía de procedimiento para la enseñanza. Sin embargo, la mayoría de los Inspectores de Primaria desconoce la existencia de dicha guía que permanece guardada en un cajón porque según Arias persiste “esta mentalidad de algunos inspectores, que el maestro no se tiene que involucrar en estos temas aunque sepa”. En el área de Salud Pública si bien en los inicios se hizo una guía de abordaje y se incluyó capacitación para los médicos de atención primaria en salud a quienes además se les proporcionó una pauta o protocolo con 5 preguntas básicas para detectar víctimas durante las consultas, el tema aún se define como nuevo según la Coordinadora de la Red. Según les transmitió el Ministro de Salud, Daniel Olesker, su intención es que esa pauta finalmente sea obligatoria para todos los entes de salud. La finalidad es que a través de esas pautas se realice un censo y una posterior investigación. Mínimamente se avanzó en el tema vivienda, porque según informó Arias, “surgieron 100 soluciones habitacionales para mujeres en situación de violencia, pero no nos satisface para nada” dada la serie de requisitos que deben cumplir: sueldo de $7.000, estar en proceso de salida de violencia doméstica siendo atendida durante 6 meses por una ONG o por el servicio del INMUjeres y haber roto el vínculo con el agresor. Cumplidos los requisitos, el Ministerio de Vivienda conjuntamente con MIDES e INAMU proporcionan una solución habitacional. Para la coordinadora, la principal falla, el hecho fundamental que no permite el avance, Arias lo adjudica a la falta de articulación de todos los involucrados “porque evidentemente esto no es una cuestión de políticas públicas, es una cuestión de que se necesita una política de Estado en el que todas las instituciones estén involucradas pero que asuman, se comprometan y articulen.”
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